La impunidad del genocidio

Contemplando los crímenes de lesa humanidad, el genocidio representa la destrucción parcial o total de una población, situación que ha sido padecida y soportada por nuestro pueblo desde el año 1976. A partir de allí, se abrió una solícita senda de impunidad que derivó en el dictado de las leyes de punto final y obediencia debida durante los años 1986 y 1987 respectivamente. Aquí nacen los interrogantes de las causas que fueron suficientes, para que en un país como la Argentina se desarrollara un marco adecuado dentro de un contexto político y social en que tanto el aparato gubernamental como los poderes centrales, legislativo y judicial contribuyeran a la propensión, instalación y propagación de una impunidad que fue construyéndose en cumplimiento de un objetivo final que se alcanzó a partir del momento en que estas leyes fueron aplicadas.
Es fundamental resaltar que la instauración del proceso de impunidad fue alimentado y sostenido dentro de la gestión de gobiernos democráticos, aun allí la cuestión principal no estaba zanjada.
El carácter central de este planteo será destinado a encontrar las respuestas más profundas, que a su vez abrirán el camino a otros interrogantes que derivarán por conexidad en nuestro objeto de estudio, esto es, la impunidad como factor determinante del dictado de leyes inconstitucionales.
Para comprender las causas que debilitaron la función de justicia que debe coexistir en un sistema democrático debemos situarnos dentro del contexto histórico que condicionó a la inexistencia del valor social que debe prevalecer permanente como único estamento que desplaza cualquier disvalor agregado. Este contexto puede resumirse en la complicidad casi inherente a cada estrato de poder que desarrollaba una función vinculante a la hora de tomar las decisiones que podrían haber cambiado la realidad de los hechos.
Por un lado la complicidad se evidenciaba desde la inacción ante las opciones de realización, pero desde otra mirada, se generaba una dicotomía ya que cada poder actuaba u omitía desde su interés representado por temor en los primeros tiempos ante un sistema democrático débil que coadyuvaba a que el pasado de facto se perpetuara en la organización interna del propio Estado. A su vez, la corrupción inserta en los grupos de presión y en la necesidad de mostrar a la sociedad la vuelta a la democracia desencadenó que el dictado de estas leyes tuvieran la finalidad de lograr que en la opinión pública se formara la idea de que el flamante gobierno era capaz de la toma de decisiones fuertes, sin tener en cuenta que detrás de estas decisiones se estaba gestando subrepticiamente la desidia y la inoperancia solapada que redundaría en un extenso período de potencial injusticia.
El punto de inflexión que determinó un corte radical en la continuación de la vía por la que circulaba la impunidad fue el dictado del fallo del juez Gabriel Cavallo durante el año 2001, que calificó a las leyes de punto final y obediencia debida como inválidas e inconstitucionales. Este acontecimiento fue un paso histórico que revalidó las bases democráticas constituyentes, otorgando nuevamente jerarquía al poder judicial que hasta ese momento se encontraba desfigurado. A raíz de ello, se abrió el camino para que en el año 2003 se presentara un proyecto que designara a las leyes mencionadas insanablemente nulas, logrando ese objetivo durante el mes de Agosto del mismo año mediante la declaración de nulidad por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, y posteriormente por el Senado, obteniendo así la creación de la ley. Al mes siguiente, precisamente el 2 de Septiembre, el Presidente de la Nación, Dr. Néstor Carlos Kirchner la promulga otorgándole fuerza de ley, para que finalmente en Junio del año 2005 la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificara la calificación de inconstitucionalidad, permitiendo que los juicios que habían quedado pendientes por el dictado de las leyes en cuestión se reanudaran, logrando así que cientos de represores tanto civiles como militares sean juzgados por genocidio. En la actualidad estas causas siguen su proceso hasta alcanzar su completa resolución.
La Ley de punto final, fue impulsada un año después del histórico juicio a los principales jefes militares (entre los que se encontraban el Gral. Jorge Rafael Videla y el Almirante Emilio Massera que fueron condenados a cadena perpetua). El gobierno de Raúl Alfonsín promovió esta norma, y fijaba un plazo de 30 días para receptar las acusaciones contra militares en la Justicia por violación de los derechos humanos; fue sancionada el 23 de Diciembre de 1986 y trataba sobre la extinción de la acción penal contra toda persona que hubiese cometido delitos vinculados a la instauración de formas violentas de acción política hasta el 10 de diciembre de 1983, excluyendo a las acciones civiles. Cuando en las causas en trámite se ordenara la detención o prisión preventiva, respecto del personal en actividad de las Fuerzas Armadas, de seguridad, policiales o penitenciarias, cualquiera sea su rango, tales medidas se harían efectivas a petición del jefe de la unidad en que prestaba servicio aquella persona, o de cualquier otro oficial superior de quien dependiera. En éste caso, el superior sería el responsable de que el imputado se presentare a declarar, todas las veces que el tribunal así lo disponga. Esta ley, no exigía la extinción de las acciones penales, en los casos de delitos de sustitución de estado civil, y de sustracción y ocultación en el caso de menores.

Antes que terminaran los plazos establecidos por la ley de Punto Final, la Justicia Federal dictó el procesamiento de unos 500 militares. Esta situación, provocó un gran malestar en el seno de la milicia, desencadenando la rebelión “carapintada” en Semana Santa del año 1987. Ante esta presión, el gobierno de Raúl Alfonsín promovió la ley de Obediencia Debida que absolvía a los militares de rango intermedio y menor, dando lugar al desprocesamiento de la mayoría de oficiales y suboficiales involucrados en la represión porque se consideró que obraban bajo subordinación a la autoridad superior (algunos de los beneficiados por esta ley fueron Antonio Bussi y el destituido Capitán Alfredo Astiz). La ley de Obediencia Debida, fue promulgada el 4 de Junio de 1987 y hacía referencia a quienes a la fecha de un determinado hecho revistaban como oficiales jefes, oficiales subalternos, suboficiales y personal de tropa de las fuerzas armadas, de seguridad, policial y penitenciaria, no merecerían castigo por haber obrado en virtud de obediencia debida. La misma presunción sería aplicada a los oficiales superiores que tenían capacidad para decidir y hubieran participado en la elaboración de las órdenes, más no hubieran revistado como comandante en jefe, jefe de zona, jefe de sub zona o jefe de fuerza de seguridad, policial o penitenciaria, todo ello si no era resuelto judicialmente, antes de los 30 días de promulgación de la ley. En estos casos, se consideraba de pleno derecho que las personas mencionadas obraron bajo subordinación a la autoridad superior y en cumplimiento de órdenes; sin facultad o posibilidad de inspección, oposición o resistencia a ellas en cuanto a su oportunidad y legitimidad. La presunción establecida en el artículo anterior, no era aplicable respecto de los delitos de violación, sustracción y ocultación de menores o sustitución de su estado civil y apropiación extorsiva de inmuebles. Dicha ley se aplicó de oficio dentro de los cinco días de su entrada en vigencia, en todas las causas pendientes.

En Marzo de 2001, la historia cambia radicalmente, como consecuencia del fallo del juez Cavallo, quién decretó a las leyes de punto final y obediencia debida como inválidas, inconstitucionales y nulas. Esta decisión trajo una enorme repercusión nacional e internacional, dado que después de 16 años se pudo reanudar la indagatoria a responsables del terrorismo de Estado en nuestro país, y procesarlos por la desaparición forzada de personas y tortura. El magistrado hizo lugar a un pedido del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), a raíz de la causa que estaba investigando sobre la apropiación de la menor Claudia Poblete, llevada a cabo por la dictadura. Este pronunciamiento, originó la apertura de múltiples posibilidades sobre la realización de que se haga justicia, inquietando a las fuerzas armadas y al gobierno. El juez Cavallo había tomado esta decisión, dado que las leyes en cuestión le impedían avanzar en la causa Poblete, y contaba con pruebas suficientes contra los imputados, entre los que se encontraban Suárez Mason, Gluglielminetti, Simón y Del Cerro. El juez, fundamentó su decisión en la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad y la incorporación de las leyes internacionales a nuestro ordenamiento jurídico. Para el magistrado, las leyes de punto final y obediencia debida violaban el artículo 29 de la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos vigentes. Prohibía al Congreso concederle al Ejecutivo facultades extraordinarias y la suma del poder público u otorgarle sumisiones o supremacías, razón por la cual, la vida y el honor de los argentinos quedarían a merced de los gobiernos o de cualquier persona. “Este acto de asunción implicó reunir la suma del poder público, dado que todos los poderes del Estado sin excepción quedaron a merced del gobierno militar”, expresó el juez.
En este polémico fallo, el funcionario judicial, ratificó que la desaparición forzada de personas era un delito de lesa humanidad, razón por la cual era imprescriptible e inamnistiable; al respecto, citó un fallo de la Corte Suprema de 1995 en el que concedió la extradición a Italia de Erich Priebke, que fue condenado por la matanza de las Fosas Ardeatinas. Todo indicó que a consecuencia de este pronunciamiento, se comenzó a gestar un largo camino para reactivar una gran cantidad de procesos de impunidad. Ocho meses después del dictado del fallo del juez Cavallo, la sala II de la Cámara Federal confirmó por unanimidad la resolución del mismo. El tribunal manifestó que: “En el contexto actual de nuestro derecho interno la invalidación y declaración de inconstitucionalidad de las leyes 23.492 y 23.521 no constituye una alternativa. Es una obligación”. La resolución de la Cámara fue apelada ante la Corte en razón del dictamen no vinculante, condición por la cual hubo que cumplir con un requisito previo establecido por este tribunal, que era justamente el dictamen propiciado por el Procurador General de la Nación. En Agosto del 2002, el Procurador General Dr. Nicolas Becerra, ratificó el pronunciamiento del juez Cavallo y de la Cámara Federal, declarando inconstitucionales las “Leyes de la Impunidad”. En el dictamen, Becerra instó a la Corte a velar por un régimen democrático donde reine la verdad y la justicia. A raíz de esta situación, en el año 2003, el Congreso de la Nación creó la ley N° 25.779, la que declaraba insanablemente nula tanto a la ley de Punto Final como a la ley de Obediencia Debida. En el 2004, el Procurador Esteban Righi, confirmó la decisión de su antecesor, el Dr. Becerra, haciendo alusión a que las leyes en cuestión contradecían al orden jurídico nacional e internacional. Finalmente, en 2005, La Corte Suprema de Justicia, anuló las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y además avaló la ley 25.779 del año 2003 que precisamente, declaraba la nulidad de las citadas leyes. La inconstitucionalidad fue aprobada por 7 de los 9 jueces de la Corte. Para fundamentar el fallo, buscaron base tanto en leyes como principios nacionales e internacionales, a saber: a) Derecho Internacional de los Derechos Humanos, b) Crímenes de Lesa Humanidad, c) el precedente “Barrios Altos” y el caso argentino, d) Leyes de impunidad frente a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, e) Principio de Legalidad y Retroactividad, f) Principio de Legalidad e Imprescriptibilidad, g) la Inexistencia de la Cosa Juzgada.
La sentencia ha resuelto: “Declarar, a todo evento, de ningún efecto las leyes 23.492 y 23.521 y a cualquier acto fundado en ellas que pueda oponerse al avance de los procesos que se instruyan, o al juzgamiento y eventual condena de los responsables, u obstaculizar en forma alguna las investigaciones llevadas a cabo por los canales procedentes y en el ámbito de sus respectivas competencias, por temas de lesa humanidad cometidos en el territorio de la Nación”.
“A fin de dar cumplimiento a tratados internacionales, la supresión de las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida resulta impostergable. Esto significa que quienes resultaron beneficiarios de tales leyes no pueden invocar ni la prohibición de retroactividad de la ley penal más grave ni la cosa juzgada. Pues de acuerdo con lo establecido por la Corte Interamericana, tales principios no pueden convertirse en el impedimento para la anulación de las leyes mencionadas”.
Lejos de ser una cuestión pasada y olvidada, el debate sobre los desaparecidos durante la dictadura militar ha sido reabierto. Las leyes de Punto Final y Obediencia Debida decretadas por el presidente Alfonsín en 1986 y 1987 libraban de toda responsabilidad a los representantes castrenses que participaron en la represión. Se pretendía el olvido y el perdón de esos hechos pasados. El presidente Néstor Kirchner declaró que la decisión “Nos devuelve la fe en la justicia”. Innumerables Asociaciones de Derechos Humanos, entre las que se destaca ampliamente la Asociación Madres de Plaza de Mayo lo vivieron como el inicio de la justicia, y puntualmente las Madres recuerdan al ex presidente Néstor Kirchner “como a un hijo con amor, dolor y con ganas de redoblar la apuesta”.
En la actualidad han sido reactivados los juicios a los represores, desterrando la impunidad, el olvido y el perdón, haciendo alusión a un sistema de gobierno democrático, republicano y federal, tal como lo viene siendo desde el año 2003, con el nacimiento de la justicia en nuestro país.

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