Nota con Natalia Salvo

La corriente de abogados laboralistas 7 de Julio, nació en el año 2011. Conformada por abogadas, abogados  y estudiantes identificados con la reivindicación de los intereses de los sectores populares y comprometidos con la Justicia Social. Fundaron una organización abierta, plural y democrática, cuyos objetivos son: la defensa de los derechos sociales, económicos y culturales, el fortalecimiento de los procesos de lucha por la soberanía popular y el compromiso inclaudicable con la defensa de los derechos humanos.

“Se trata de la aprobación en la Legislatura Porteña, aun falta la aprobación del Congreso Nacional, de la justicia penal, del registro de la propiedad inmueble, y de la inspección general de justicia, es el caso testigo que quieren instalar para luego traspasar la justicia del trabajo”, explicó Natalia Salvo, miembro de la corriente de abogados laboralistas 7 de Julio.

Respecto a la opinión de la organización, precisó: “Tiene que ver con que el móvil del traspaso, lejos de ser una cuestión jurídica es un móvil político, se pretende atacar, en nuestro caso, al fuero del trabajo, que es quien efectiviza el derecho de los trabajadores”

“Es una ley que ha sido fuertemente resistida y sin legitimidad por todos los espacios, incluso en la aprobación en la Legislatura Porteña. El último 5 de abril se ha manifestado un profundo rechazo por parte de los gremios judiciales”, agregó.

“En realidad lo que se pretende es precarizar, flexibilizar a través de la justicia como medio para obtener este fin a los derechos de los trabajadores”

“Se trata de un objetivo político que va en consonancia con las políticas del gobierno, tanto económicas como laborales, para formalizar este objetivo”, señaló Salvo en dialogo con Roberto Villalobos Atlas y Cintia Neves.

“Quieren que se aseguren los derechos de los trabajadores, el tema es como, estamos hablando de un ámbito legislativo que se supone que se debate con ajuste a derecho, por eso digo, hay que ver cuáles son los argumentos jurídicos, pero también no perder de vista el móvil político y la oportunidad en la que esto se está dando a debate”, señaló la letrada.

Asimismo planteó: “El reparo jurídico tiene que ver con que se asimila la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con una provincia y las facultades que le asigna la Constitución Nacional como ley fundamental a la que tienen que respetar las leyes, los decretos, los convenios y demás; a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no le asimila una provincia, las provincias si tienen las facultades de dictar su propia constitución con un sistema representativo y republicano de gobierno y por lo tanto tener un poder judicial autónomo que administre justicia”. Esto lo tenemos en el artículo 5 de la Constitución Nacional, por otra parte el artículo 129 que le atribuye a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires una competencia que no es originaria, porque es a través de la reforma de 1994, lo que asegura un sistema de gobierno autónomo y las facultades de jurisdicción, jurisdicción no es lo mismo que administrar un poder de justicia, jurisdicción significa decir el derecho, lo dice el poder judicial en lo que ataña a las leyes y también lo puede decir el poder ejecutivo en lo que tiene que ver con dirimir por ejemplo en el ministerio de trabajo un conflicto de personería gremial”

“El argumento jurídico para sostener que el traspaso es inconstitucional tiene que ver con las facultades que la Constitución le asigna a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, agregó.

“Los argumentos que imperan en los debates del oficialismo, tienen que ver con expresiones de deseos o aseguramientos de circunstancias, tanto de los derechos de los trabajadores como de los que litigan en el fuero, que no tienen ningún tipo de raigambre legal”, contó.

“El vicepresidente del colegio de abogados, Angelici, es un fuerte operador político, de la justicia nacional pero también fundamentalmente de la justicia porteña y el consejo de la magistratura tiene el poder de nombrar, evaluar o de remover jueces y la independencia del poder judicial se ve vulnerada justamente con este proyecto y la oportunidad”, denunció Salvo en la entrevista por Radio Orión.

“Hay una cuestión contra  los jueces que aplican el derecho del trabajo”

“Bregamos por un derecho protectorio del trabajo, nos oponemos a todo lo que quiera legislativamente o en estos momentos donde hay un ofensiva directa contra los trabajadores de promover todo tipo de debates”, sostuvo.

Finalmente la integrante de la Corriente de Abogados Laboralistas, contó que la agrupación integra el encuentro permanente de defensa de derecho del trabajo y el fuero laboral y que se encuentran trabajando en función de las embestidas que vienen sufriendo, dando debate para que se conozcan los móviles jurídicos y políticos de fondo.

“El año pasado hemos realizado jornadas en rechazo del traspaso de la justicia del trabajo como así también a las pretendidas oleadas flexibilizadoras que sabemos que se están barajando”

“En Julio de 2016 hubo una editorial en donde el presidente se manifestaba directamente en contra de la justicia del trabajo, como una justicia parcial, que favorece directamente a un sector, obviamente vituperando a los que integran ese poder, como también evidenciando el desdén que hay respecto de los trabajadores y del derecho protectorio que no es un invento nuestro, sino que incluso la primer expresión del constitucionalismo social en el país es la creación de la justicia del trabajo en el año 1944, previo incluso a la constitución del 49, somos una organización que bregamos por la defensa de los derechos de los trabajadores y también de los abogados que litigamos en el fuero”, concluyó en la entrevista con Roberto Villalobos Atlas y Cintia Neves.

Escuchá «Reporte Urbano» todos los Sábados a las 16hs por www.radioorion.com.ar con la conducción de Roberto Villalobos Atlas y Cintia Neves.

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